Mauricio Diagama Durán
En noviembre de 2020, el paso del huracán IOTA por el Mar Caribe, destruyó buena parte de la infraestructura de las islas colombianas de San Andrés y Providencia. Este hecho, con las consecuencias sociales, económicas y humanitarias derivadas de la pandemia, sacó otra vez, a la luz pública, nacional e internacional, el problema que tiene Colombia en esta región, con su vecino Nicaragua.
Y es que a pesar de que según el agente colombiano ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Gustavo Arrieta (Entrevista al periódico el Tiempo – 7 de enero de 2021), ese año, fue casi muerto en el desarrollo del caso, también es claro, que se siguen acumulando hechos y situaciones, sin tener una solución clara y contundente.
Por ello, debe recordarse que existe un conflicto internacional planteado por Nicaragua a Colombia, acerca de la posesión y dominio de una parte del territorio colombiano en el mar Caribe, que cubre el espacio marítimo donde están ubicadas precisamente tales islas.
Naturalmente, la discusión es mucho más antigua, pero debe recordarse que fue en el año de 1980, cuando en un hecho político salido de toda cortesía diplomática y del derecho público internacional, el nuevo gobierno nicaragüense, del cual hacía parte el actual Presidente Daniel Ortega, declaró unilateral e inconsultamente, la invalidez del tratado Esguerra Bárcenas entre los dos países.
Luego, pasados los años, ese mismo país, formalizó una reclamación y una controversia jurídica ante la Corte Internacional de Justicia (2001), con el propósito de que la Corte fijara los nuevos límites marítimos con Colombia, ignorando el tratado mismo, los hechos históricos, los deseos de las poblaciones involucradas y los títulos históricos colombianos en la zona. Y además olvidando que los límites entre países se fijan en tratados, para evitar que los conflictos se conviertan en asuntos mayores.
Así que este asunto, que parecía ser un debate jurídico, en realidad era y es el reflejo preciso de una política del Estado Nicaragüense, que busca proyectar sus intereses nacionales hacia el Oceáno Atlántico y sus recursos (La construcción suspendida de un moderno puerto de aguas profundas en Bluefields y los distintos intentos por abrir licitaciones para la explotación de petróleo en el mar Caribe colombiano así lo demuestran), lograr una mayor integración geográfica entre sus dos regiones naturales – Pacífica y Atlántica- (El eterno plan de un canal interoceánico, el diseño de la carretera Nueva Guinea – Bluefieds y la idea de modernizar el aeropuerto de la zona, son pruebas de ello) y consolidar una estrategia que le permita superar los graves problemas de pobreza y desarrollo estructurales que carga desde su nacimiento como nación autónoma, acudiendo al discurso de persecución internacional (La entrevista realizada a Bayardo Arce – Asesor presidencial para asuntos económicos de la presidencia en VOS –TV – 22 de diciembre de 2020, demuestra que así se sigue trabajando).
Y si bien, tales propósitos son razonables, también es claro que terminan por afectar sus relaciones internacionales, cuando se complementan con una política exterior basada en jugar el papel de actor débil y perseguido por sus vecinos o por las potencias (Según la demanda, el tratado de 1928, firmado entre los dos países, se firmó en un contexto histórico que incapacitaba como gobernantes a los presidentes impuestos por las fuerzas americanas de intervención en Nicaragua), en acudir al derecho internacional involucrando intereses ajenos a las partes (China y Rusia por ejemplo no ocultan su interés en la construcción del canal interoceánico) y en actuar ante las instituciones internacionales, ignorando sus previos compromisos (La declaración unilateral de invalidez del tratado de 1928 es prueba de ello).
Además este país promueve tales discusiones, como reclamos contra las injusticias del mundo y de las potencias regionales, frente a un país pobre sometido históricamente, pero siempre combativo, digno y valiente (Afirmaciones consignadas no sólo en las demandas, sino también entre otras, en las publicaciones oficiales como el Libro Blanco. Además desde la academia se reproduce el mismo discurso, como por ejemplo, en los libros del reconocido abogado nicaragüense y dirigente Augusto Zamora)
Su propósito es entonces, el de ganar más territorios y recursos, a costa de sus vecinos (Debe recordarse que también Nicaragua tiene demandada a Honduras por los límites continentales y Costa Rica tiene demandada a Nicaragua por la violación constante de los límites entre los dos países).
Y evidentemente, la estrategia le ha funcionado correctamente, pues en este conflicto, y a pesar de las múltiples pruebas que Colombia presentó, a su favor, ante la Corte Internacional de Justicia, el primer fallo de esa misma Corte, resolvió, según su criterio, en equidad, concederle una porción del mar colombiano en el Caribe (2012), lo que ha generado un verdadero problema geopolítico en la zona. Cerca de 70.000 kms2 del mar colombiano, serían ahora nicaragüenses, y las islas, islotes y cayos se mantendrían en manos de Colombia
Así que si la Corte, con su fallo, buscaba resolver el conflicto de manera permanente, en realidad lo agravó, porque según Nicaragua, Colombia no ha cumplido con el fallo de la Corte, y Colombia afirma que la decisión es inaplicable, inconstitucional y ajena a la realidad de los hechos, la historia y los mismos documentos legales.
En consecuencia, al día de hoy, hay otras dos demandas de Nicaragua contra Colombia en la misma Corte: La primera del 16 de septiembre de 2013 por el incumplimiento de la sentencia del 2012 y la segunda del 20 de noviembre de 2013, que busca ampliar la plataforma continental nicaragüense más allá de sus 200 millas.
Nicaragua además alega que Colombia limita sus derechos y que ejerce los suyos de manera irregular. Y Colombia, acude a los temas ambientales y de los derechos de los pescadores artesanales, para controvertir.
¿Cuáles son entonces los intereses en juego? ¿Por qué desde 1969, el Instituto Nicaragüense de Energía, ha abierto distintas licitaciones públicas internacionales para la exploración y explotación de hidrocarburos, en el mar Caribe colombiano? ¿Y por qué todas están basadas en la idea que se abren en territorios que hacen parte de su plataforma continental?
Pues bien, la razón central de tales eventos radica en que Nicaragua tiene una escasez estructural de petróleo y sus derivados, productos que son los que más importa. (Según la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – 2015 – la estructura productiva nicaragüense es altamente dependiente, pues es un importador neto de petróleo).
Y la reciente declaración ilegal de una Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense en el mar en disputa (28 de enero de 2021), en un espacio del tamaño de países como Bélgica o Dinamarca, podría ser otra muestra más de la necesidad de contar con nuevos sitios de búsqueda de ese recurso vital para su economía.
Todo esto se complementa además con los problemas diarios del 2021, tales como los económicos y sanitarios derivados de la pandemia del COVID – 19 , las protestas estudiantiles, las limitaciones a la prensa, la persecución a los opositores (la dirigente Chamorro por ejemplo), que muestran el afán del gobierno sandinista de permanecer en el poder, obteniendo resultados internacionales importantes.
Sólo que los datos actuales que se conocen sobre aplicación de la ley de incentivos tributarios (306), el balance de la ley de desconcentración tributaria (2015), o las mismas declaraciones del Asesor Presidencial o las del Consejo Superior de la Empresa Privada, muestran que Nicaragua está lejos de los buenos crecimientos del período 2008 – 2017 (5% promedio anual) y de los aportes venezolanos a su economía (3.271 millones de dólares entre el 2007 y 2016)
Por todas estas mismas razones, el conflicto debe entenderse más bien, como una diferencia de intereses por la posesión de recursos estratégicos en la zona y no sólo como un litigio jurídico, por lo que las acciones que Nicaragua ha asumido, Colombia las entiende como peligrosas. O sea para el Estado colombiano, las acciones del Estado nicaragüense son una grave amenaza para la armonía entre los Estados, mientras que para Nicaragua, sus actos, son asuntos de dignidad nacional y de inequidad internacional.
Será entonces que la solución, que hasta ahora sólo ha pasado por el uso de los instrumentos del derecho internacional y de las instituciones internacionales, ¿sigue siendo jurídica?
¿O no será la hora de pasar al terreno del debate político, la diplomacia, la negociación y los demás instrumentos de solución pacífica de controversias?
Autor: Mauricio Diagama Durán (Consultor, docente, investigadorr y conferencista internacional (Argentina, México, Perú, Rusia, Venezuela, entre otros países) y Nacional, en temas asociados con geopolítica, relaciones internacionales, administración pública, administración educativa, gerencia empresarial internacional, y negocios internacionales. Bogotá, Colombia)
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)
Foto Créditos: Ministerio de Defensa Colombia