Gabriela Jhobanna Franco Villamil 

    La violencia no cesa en los países de América Latina, el crimen organizado y los grupos armados ilegales son parte de la dinámica general en distintos territorios. Estos se han organizado alrededor de una agenda de tráfico de droga, uno de los negocios ilegales más lucrativos en la actualidad.

    Gabriela Jhobanna Franco Villamil
    Gabriela Jhobanna Franco Villamil

    El narcotráfico es uno de los móviles de violencia más significativos; puesto que, otorga el control y fomenta la confrontación de estructuras delincuenciales en los territorios estratégicos.

    Es así que, en México los carteles de droga han perpetuado su control sobre la población, por medio del terror y el dinero sucio que inunda las calles del país e impulsa a más personas a ser parte de estas organizaciones delictivas. Por lo tanto, el expendio de drogas es el negocio que financia y blinda a las estructuras delincuenciales, las cuales protegen su patrimonio a través de amenazas, asesinatos y enfrentamientos.

    Al parecer su alcance es tal que las amenazas a periodistas son continuas y la policía federal no ha podido evitar cientos de asesinatos a civiles. El pasado 3 de agosto, un periodista (Pablo Morrugares) y su guardaespaldas fueron asesinados en el estado de Guerrero por una de las bandas criminales que tienen presencia en el territorio.

    Este fenómeno no es nuevo, en los últimos 20 años han sido asesinados 140 periodistas por exponer la violencia en el país generada por el crimen organizado; la razón para este accionar es la necesidad de secretismo y complicidad que requiere el crimen organizado (Aljazeera, 2020).

    De esta manera, los carteles no solo son quienes comandan las rutas del narcotráfico, sino que toda su zona estratégica está bajo su control; es decir, los civiles están a merced de enfrentamientos entre bandas, homicidios y una guerra frontal contra el Ejercito que solo ha dejado a su paso a miles de desplazados y un país incendiado por la violencia.

    Así pues, en México se ha evidenciado que la búsqueda por acabar con las grandes y pequeñas bandas de narcotráfico solo ha generado un ambiente caldeado por las tensiones, además de un saldo de 27.000 desaparecidos para el 2017 y el aumento significativo de homicidios dolosos y reportes de tortura (notimerica,2017).

    Lo anterior, demuestra cómo después de más de una década de esfuerzo el gobierno de México no ha logrado mermar el accionar de estos grupos criminales; por el contrario, estos se han fortalecido por los métodos implementados por las Fuerzas Militares, los cuales les permitieron suprimir a los pequeños comerciantes de droga para consolidarse como grandes carteles que tienen reconocimiento internacional.

    De esta manera, el Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación son los que tienen mayor influencia en la distribución de droga en Estados Unidos.

    Ahora bien, así como la migración, este mercado de las drogas ha logrado traspasar las fronteras convirtiéndose en un crimen trasnacional que permea diferentes países, en específico los que tienen un problema preexistente de cultivos ilícitos.

    Por consiguiente, los carteles han buscado aliados que provean la cocaína y rutas alternativas para distribuirla al país con más oferta en el continente americano EE.UU. En este sentido, un aliado obvio estaría ubicado en uno de los países de América Latina con problemas de seguridad interna, zonas con una gran extensión de cultivos ilícitos y grupos armados ilegales que controlen las zonas donde se concentra la producción de droga y las rutas de distribución, es decir un país con todas las circunstancias actuales de Colombia.

    Por consiguiente, el panorama de seguridad internacional y nacional se complica; por un lado, los carteles mexicanos con antecedentes de fomentar prácticas ilegales e inhumanas se asocian con grupos al margen de la ley que promueven la violencia y son quienes comandan el negocio del narcotráfico en Colombia.

    Diferentes informes de la Fundación Paz y Reconciliación (2020) han expuesto que en el territorio colombiano se encuentran representantes de algunas estructuras criminales mexicanas, las cuales están haciendo presencia en las zonas donde el número de las hectáreas de cultivos ilícitos está disparado y existe una fuerte presencia de grupos al margen de la ley.

    De esta manera, un rumor dicho a voces se está convirtiendo en una realidad para las comunidades en los territorios como el Cauca, el Pacífico nariñense, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y en el municipio de Dabeida, Antioquia. Dichas zonas tienen una historia común con respecto a la violencia que han experimentado sus comunidades y la presencia constante de grupos al margen de la ley; en sí, estos territorios estuvieron parcialmente bajo el control de la guerrilla desmovilizada de las FARC.

    Por esta razón, se entiende que el vacío de poder que dejó la extinta guerrilla ha provocado que otros grupos ilegales pretendan ejercer su influencia en estos territorios; siendo ello una gran oportunidad para que los cárteles mexicanos fortalezcan sus vínculos con el negocio del narcotráfico en Colombia.

    En primer lugar, los carteles como el de Sinaloa hacen presencia en parte del territorio nacional para ser parte de la reorganización de la primera línea de producción de la droga, de la cual se encargaba las FARC. Por su parte, sus vínculos con los grupos armados colombianos se deben a una necesaria articulación y financiación del negocio en el país; acciones que han derivado en un fortalecimiento de las estructuras criminales que son pilares de un nuevo escalamiento en el conflicto del país (Saavedra, 2020).

    En consecuencia, Colombia está experimentando un nuevo embate de la violencia con más de 442 líderes sociales asesinados, el retorno del desplazamiento interno, el asesinato de excombatientes de las FARC y el fenómeno que atormenta al país las masacres que se están presentando en los territorios. Estas acciones, reflejan como el negocio desangra las comunidades que están en zonas estratégicas y las somete a estar en medio de una guerra entre el Estado y las estructuras criminales.

    Gabriela Jhobanna Franco Villamil (Profesional de Relaciones Internacionales, Bogotà – Colombia)

    (Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)

    Share.