María Gabriela De Nobrega
Considerando el contexto de un nuevo mundo globalizado, el término gobernanza hace referencia a la gestión gubernamental y engloba las interacciones que deben darse entre el Estado, el mercado y la sociedad, con el propósito de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural a largo plazo en una nación.
Adicional a ello, se puede entender como la capacidad de tomar decisiones pensando en el bien común y en cada uno de los procesos que resultan de dicha capacidad.
En este sentido, cabe destacar que el concepto se dejó de usar por varios años y a partir del año 1980 se recupera en el pensamiento administrativo y surge la necesidad de definir una nueva forma de regir lo público en el contexto de los procesos de descentralización y privatización en algunos países.
Entonces, se comienza a asociar el término pobreza a una «mala gobernanza» como consecuencia de la ineficiencia, la corrupción y la ausencia de democracia y se conceptualiza la «buena gobernanza» a raíz de la gestión de los gobiernos que mantenían dictámenes neoliberales bajo ajustes distributivos con privatizaciones, recorte en los servicios sociales, restricciones salariales y otras medidas.
En el mismo orden de ideas, se puede determinar que en el sentido de «buena gobernanza» el Estado debe ser garante del Estado de Derecho, la libre expresión y estar dispuesto a presentar una rendición de cuentas. Por ello, cabe destacar la libertad de prensa como una parte fundamental de la correcta gestión gubernamental, permitiendo así que cada uno de los ciudadanos pueda colaborar con el avance estable de la nación implementando acciones que se basen en decisiones públicas sobre el desarrollo. Resulta importante recordar que la libertad de prensa y la buena gobernanza mantienen un vínculo estrecho promoviendo el desarrollo humano y económico de un país.
Tomando en cuenta el panorama de los medios de comunicación, es posible afirmar que estos han sido los conductores centrales para valorar gran parte de las actividades públicas que tienen influencia en el progreso de un territorio.
Manteniendo el mismo orden de ideas, es preciso resaltar que el periodismo se puede definir como la acción de recopilar información de la opinión pública facilitando así una plataforma de debate que abarca distintas áreas de interés y únicamente cuando los periodistas son libres de seguir, indagar y calificar las políticas y las acciones de una sociedad es que se puede asegurar de verdad la buena gobernanza. Pues en todo este proceso, la transparencia es necesaria comprendiendo el papel que tienen los medios de comunicación y cada uno de los profesionales en el área. Ha quedado comprobado que, en cualquier ámbito, la falta de transparencia amplía los niveles de corrupción y esto se convierte es uno de los puntos más complejos a los que el Estado debe enfrentarse en medio de su transformación teniendo como norte su propio desarrollo. Por esta razón, es característico señalar que diversos estudios han justificado que las altas tasas de corrupción están vinculadas, en la mayoría de los casos, a los bajos niveles de libertad de prensa.
Siguiendo la misma línea de lo antes planteado, se puede decir que cuando el Estado le permite a la sociedad tener libre acceso a los documentos públicos sin condiciones, éste presenta la posición de mostrar los problemas de interés social a la luz y de esta manera brinda la oportunidad de empoderar a los ciudadanos con información sobre los distintos procesos de mejora existentes. Todo esto se da con el respaldo de la ley de derecho a la información que permite que la ciudadanía, incluyendo también a los medios de comunicación, disfrute del fácil acceso a la información en el dominio público de manera rápida e inmediata. Sin embargo, es relevante considerar que las leyes de Libertad de Información se han extendido y han aumentado alrededor de todo el mundo con el pasar de los años, pero estas no cuentan con una ejecución renovada para que puedan aportar realmente al crecimiento de la tierra en cuestión. Por esta razón, la evolución de leyes de los medios de comunicación y la difamación es un paso casi obligatorio en la orientación de la buena gobernanza y del avance.
Es imprescindible hacer un cambio en dichas leyes para asegurar que no sean incoherentes en relación a los estándares internacionales con relación a los límites justificados de la libertad de expresión porque suelen tener un efecto contrario e interrumpen la buena gobernanza a mediano y largo plazo. La descriminalización de estas leyes es relevante en cualquier proceso de innovación regulatoria que intente dar forma al desarrollo accediendo a la discusión crítica y argumentativa.
Por ejemplo, en el caso específico de Venezuela la polarización debe entenderse considerando la profunda guerra entre el gobierno en curso y los medios tradicionales de comunicación. El país se encuentra sumergido en un complejo y largo proceso de deterioro político, económico, social y cultural de antagonismos. Motivo por el cual el mayor desafío en un contexto de identidades fraccionadas es lograr descubrir un punto de equilibrio para crear un ambiente de convivencia democrática y pacífica, por lo que resulta difícil creer que se puede avanzar para lograr ese objetivo dejando a un lado todo lo relacionado a la libertad de prensa por su lazo arraigado con la política democrática.
Para el año 2004, la Asamblea aprobó una ley de regulación de contenidos en radio y televisión que fue ampliada en el año 2010 a los medios electrónicos con extensos márgenes facultativos para sancionar coberturas críticas al gobierno y la posterior regresión autoritaria de la etapa del mandato de Nicolás Maduro también se ha hecho sentir en cuanto a la libertad de expresión. Entre el año 2014 y el año 2019, a raíz de las protestas en el territorio nacional, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa realizado por la organización Reporteros sin Fronteras, posicionándose en el lugar 147 entre 180 países. A pesar de ello y en medio de la fuerte crisis socioeconómica, el gobierno de Nicolás Maduro avanza con nuevas medidas y extiende el uso de instrumentos ya existentes para regular y limitar aún más las expresiones de desconformidad de la sociedad venezolana.
Analizando lo anterior, es posible decir que los medios de comunicación deben ser libres, pluralistas e independientes porque de una u otra forma son los que también contribuyen con el empoderamiento, siendo este entendido como un proceso indispensable para la sociedad en el ámbito político y económico, resultando de manera natural de la capacidad que puede tener el público para acceder y aportar a la información creíble que refleja el conjunto de opiniones, hechos e ideas de un colectivo. Desde esa perspectiva, y con un enfoque centrado en los ciudadanos, surgen los actores necesarios para llevar a cabo las acciones precisas en una agenda de desarrollo y crecimiento.
Es por eso que hoy es sumamente importante que todas las personas se encuentren en el centro de una nueva alianza global a través del empoderamiento, pues este les otorga la libertad para expresar sus consideraciones y les permite participar activamente en la toma de decisiones que afectan su vida diaria. Sin importar el lugar, todos los ciudadanos necesitan y deben estar informados, así como necesitan y tienen el derecho a tener acceso a la información y a los medios de comunicación independientes considerando esto como una nueva capacidad mejorada de participación y práctica en el accionar público. De esta manera, el gobierno, las empresas, la sociedad civil organizada y los círculos académicos podrán entenderse, interactuar y atender las necesidades de los ciudadanos desde distintas perspectivas alineados a la buena gobernanza y propiciando la gobernabilidad.
Autora: María Gabriela De Nobrega (Periodista en formación, Consejera de FaCES-USM, 2019-21, Estudiante en la UNIMET. Caracas, Venezuela).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)
Foto: EFE