Dylan J. Pereira

    Durante 3 décadas, Polonia constituyó el mayor triunfo democrático del mundo poscomunista, y como un ejemplo a seguir dentro la “Cortina de Hierro” y sus “suburbios”.

    Dylan J. Pereira
    Dylan J. Pereira

    Las elecciones del 4 de junio de 1989 fueron el primer paso en la transición democrática de Polonia, siendo consideradas como las “elecciones inaugurales de la democracia”, impulsando una suerte de “ola democratizadora” a ultranza de Samuel Huntington, aunados a cambios significativos de las condiciones geopolíticas de todo el bloque comunista., motivados por los procesos de perestroika y glasnost introducidos por Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, dejando a un lado la doctrina de Brezhnev. La apertura de Gorbachov promovió dentro del régimen comunista polaco una “liberación” sistemática que desembocaría en la necesidad irreversible de apertura democrática pluralista, a través de históricas negociaciones con los representantes del sindicato independiente, Solidaridad, bajo el liderazgo concreto y efectivo de Lech Walesa.

    Así pues, Polonia, una nación con una memoria histórica muy compleja, asediada durante décadas por el choque de potencias, al gozar de una posición geoestratégica clave; que sufrió los crueles y devastadores embates de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido invadida por la Alemania nazi. Una sociedad controlada por el aparato burocrático autoritario de la República Popular de Polonia; logró, bajo el imperativo de una identidad polaca común, marcado por la uniformidad del idioma, una idiosincrasia y sistema de valores común, sumada a la marcada religiosidad católica de su población, que resistió los embates de los complejos fenómenos políticos, logró la instauración progresiva de una democracia liberal en este ADN polaco. Es de hacer notar la importancia del ascenso en 1978 de Karol Wojtyła como Papa Juan Pablo II, ya que en torno a su figura se canalizó esta sociedad de arraigada tradición católica, contraria al ateísmo y autoritarismo comunista, siendo así una variable fundamental en el proceso transicional polaco, que coincidió con el aumento progresivo de protestas y manifestaciones populares reaccionarias a la profunda crisis económica que los gobiernos de Edward Gierek y de Wojciech Jaruzelski habían sumido el país, acumulando una deuda externa gigantesca que presionaba drásticamente a la economía polaca.

    Esta contemporaneidad paradigmática al consolidarse Polonia en la década de los 90´s del S. XX como una transición democrática modélica, que logró superar los complejos ajustes socio-políticos, que a diferencia de muchas otras democracias, nada más al nacer, cayeron en manos de dictadores, se vieron envueltas en corrupción o sufrieron un estancamiento económico prolongado, logró una consolidación importante de la axiología e institucionalidad democrática, afianzada por ingreso pleno a la Unión Europea el 1ero de mayo de 2004, bajo el imperativo del respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, contrasta radicalmente con una actualidad política en el país marcada por el ascenso del extremismo, la polarización  política y los constantes impases con las instituciones comunitarias europeas, ante prácticas gubernamentales que socaban el sustrato y las bases de la democracia polaca hoy asediada por el nacionalismo, que lamentablemente, parece ser un fenómeno globalizado.

    El gobierno polaco ha protagonizado enardecidas polémicas; En 2015, el Parlamento controlado por los ultraconservadores colocó “a dedo” a tres jueces del Tribunal Constitucional para reemplazar a los magistrados debidamente elegidos. También realizó cambios en la organización y estructura del Tribunal Supremo, obligó a más del 30% del poder judicial a la jubilación anticipada e interrumpió el mandato de seis años garantizado constitucionalmente a la presidenta del tribunal (Malgorzata Gersdorf); colocando así la división e independencia de los poderes públicos en tela de juicio, tambaleando las bases democráticas e inaugurando una profunda crisis constitucional que aún no cesa. El éxito del partido gobernante, PiSm a la hora de atrapar al Tribunal Constitucional permitió al nuevo parlamento extender su control a otros elementos del sistema judicial eliminando el vital sistema de equilibrios y contrapesos.

    EL actual gobierno liderado por Andrzej Duda ha anunciado su intención de retirarse del Convenio de Estambul contra la violencia doméstica; a su vez, el Tribunal Constitucional ha endurecido la ley sobre aborto y se ha duplicado la represión y persecución contra el colectivo LGBTQ. Por otra parte, ahora es la banca, y no el Estado, quien domina el sistema de financiación de la vivienda y vende hipotecas en moneda extranjera. En lo económico la situación es muy compleja; se han profundizado las diferencias económicas y sociales; “El 69% de las empresas polacas planean reducir empleos en un país donde el crecimiento del PIB se prepara para reducirse a la mitad: del 4% de 2019 al 2% de este año. Y si la epidemia se recrudece no importarán ni los 212.000 millones de zlotys que Duda y Morawiecki anunciaron para ayudar a la economía (el equivalente al 9,2% del PIB) ni el fondo de recuperación pospandemia de la Unión Europea, 160.000 millones de euros. El país, literalmente, puede estallar.” (Cancela, 2020)

    Así pues, los síntomas de un retroceso en los índices democráticos, en el respeto a los principios democráticos, y en la praxis democrática son evidentes, y se han agravado en los últimos meses.

    El Gobierno de Varsovia aprobó el pasado 14 de febrero una ley judicial que según Bruselas «permitiría un control político sobre el contenido de las decisiones» de los tribunales.

    El 30 de marzo, el Parlamento, de cara a las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de junio, enmendó la ley electoral para permitir el voto por correo para las personas de más de 60 años y también aquellos sujetos a cuarentena; hecho cuestionado por la proximidad al encuentro con las urnas electorales, sumado a la incapacidad de concentraciones publicas para campaña electoral debido a la pandemia y la intención popular de retrasar las elecciones por la crisis del coronavirus. Ni los representantes del Consejo Europeo ni los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tuvieron facilidades de viajar a Polonia para supervisar las elecciones.

    La situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el pluralismo (y su impacto en la reciente elección presidencial), la libertad de cátedra, la libertad de reunión y asociación y la reciente estigmatización de ONG acusadas de trabajar en interés de agentes extranjeros han alarmado a instancias como el Parlamento Europeo; la promoción sistemática de un discurso del odio, discriminación pública, violencia contra las mujeres (retirada anunciada de la Convención de Estambul), la violencia doméstica y la intolerancia contra los grupos vulnerables son signos inequívocos de un posible proceso de “regresión democrática”

    Pese a que muchos gobiernos y actores claves, como Alemania o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parecen intentar preservar el conflicto con Polonia dentro de ciertos márgenes, la realidad es que la preocupación en los estados miembros y las instituciones comunitarias como el Parlamento Europeo o la Comisión Europea crece exponencialmente. Varios estados de la UE como Luxemburgo, han reaccionado con consternación a estas actuaciones del partido PiS en el gobierno, enfatizado por su retórica euroescéptica y los resultados de su primer periodo en el gobierno.

    La actualidad polaca es una muestra clara que incluso la pertenencia a la Unión Europea no es condición suficiente para sostener una democracia liberal, o al menos, para garantizar su calidad. Un retroceso de la democracia es un fenómeno grave en cualquier país del mundo, pero es particularmente dañino en el caso de un estado que pertenece a una organización tan interconectada como la Unión Europea, que ve reducida su credibilidad y su capacidad de actuación.

    “El programa de reformas llevado a cabo por PiS desde su vuelta al poder supone una clara amenaza a la democracia y a los derechos humanos en Polonia, tanto por su intención de acabar con los “Checks and Balances” (particularmente en relación con el poder judicial) como por tratar de codificar una visión tradicionalista y conservadora del mundo. La Unión Europea reacciono con bastante celeridad a los acontecimientos en Polonia, aunque es cuestionable que los mecanismos que han empleado hayan tenido el efecto esperado.” (Padín, 2018, p.36)

    De seguir esta tendencia antidemocrática, el Consejo Europeo, podría impulsar la activación del artículo 7 del tratado de la UE, que contempla suspender determinados derechos de un Estado miembro, ante violaciones a los denominados “Criterios de Copenhague”; ya algunas ONGs polacas, han iniciado acciones legales ante el tribunal de Justicia Europeo.

    La reelección del ultraconservador Andrzej Duda reelegido presidente de Polonia con un 51,2 % de los votos, frente al liberal europeísta y alcalde de Varsovia Rafal Trzaskowski, nos da señales del fraccionamiento y polarización del país; por un lado una Polonia conservadora, profundamente católica, rural, representada por Duda, y una Polonia liberal, europeísta, urbana liderada por alcalde de Varsovia. Así pues, el choque entre una Polonia que aspira al cambio de rumbo impuesto por el gubernamental partido Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kazcynski, acusado de socavar el sistema democrática choca con una Polonia que se aferra al pasado, a sus tradiciones, a sus miedos y a sus prejuicios, formula que se complejiza al integrar la variable de interacción en el seno de la Unión Europea. Sin duda, el caso polaco representa un reto sin precedentes a la estabilidad y continuidad de los valores fundacionales de la democracia polaca y de la Unión Europea.

    Autor: Dylan J. Pereira (Diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales de Academia Diplomática Euroamericana. Editor de Revista Diplomacia. Analista invitado en Brújula Internacional, Estudiante de Estudios Liberales y Economía Empresarial de la Universidad Metropolitana. Caracas, Venezuela).

    (Las ideas y opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de World Geostrategic Insights). 

    Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

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